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Se ha aprobado la Ley de Economía Circular de Madrid y estas cuatro son las disposiciones que más afectarán a las empresas: los requisitos de sostenibilidad,  nuevas oportunidades de negocio, la colaboración y simbiosis industrial, nuevas inversiones estratégicas.

Esta Ley tiene como objetivo establecer un marco regulatorio para la implementación efectiva de un modelo de economía circular, fomentar el uso eficiente y sostenible de recursos, prolongar la vida útil de productos, reducir la generación de residuos, promover la valorización de desechos y conseguir un ciclo productivo con mayor eficiencia energética.

Ley de Economía Circular de Madrid, qué afecta a la empresa

La novedosa Ley 1/2024 de Economía Circular en la Comunidad de Madrid no es una más de la oleada de leyes medioambientales, ya que cobra una relevancia fundamental en el contexto actual de crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

La Ley, que trata de integrar este nuevo modelo de producción y consumo en todos los ámbitos de la vida social y económica de la región, establece mecanismos para garantizar la participación de las diferentes administraciones públicas, sectores de la actividad económica y ciudadanos.

Estas normativas representan un paso crucial hacia la adopción de prácticas más responsables y respetuosas con el medio ambiente, fomentando la transición hacia modelos de producción y consumo que mejoren el uso de recursos, reduzcan la generación de residuos y promuevan la reutilización y el reciclaje. 

Al establecer estas leyes que incentivan la economía circular, se consigue impulsar la innovación, generar nuevas oportunidades de empleo en sectores emergentes y se contribuye a la preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

La implementación de esta nueva Ley representa un hito significativo para promover un modelo económico sostenible y eficiente en la región pues es la primera que afecta a la capital. Esta legislación, que se enmarca en un contexto nacional e internacional de creciente preocupación por la protección del medio ambiente y la gestión adecuada de los recursos naturales, busca establecer los principios y regulaciones necesarias para seguir el camino hacia una economía circular.  

La ley es una norma incitadora, no impositiva, que evita burocracia y gastos innecesarios, ya que no requiere de un organismo adicional ni establece tasas ni impuestos. Esto, significa que su principal objetivo es promover y fomentar la adopción de prácticas sostenibles y circulares por parte de empresas, entidades locales y ciudadanos. 

Las entidades locales con una población de derecho superior a 5.000 habitantes tienen la obligación de aprobar, en el ámbito de sus competencias, sus propios planes en materia de economía circular mientras que aquellas que tengan una población inferior a los 5.000 habitantes será de carácter opcional. El gobierno regional financiará el 50% de los costes por la construcción e instalaciones de tratamiento de desechos más grandes y modernos en municipios y mancomunidades.

Previo al desarrollo de esta nueva Ley, únicamente dos comunidades autónomas en España contaban con una ley específica de economía circular. Estas comunidades son Castilla La Mancha con la Ley 7/2019 del 29 de noviembre e Islas Baleares con el Decreto-Ley 3/2022 del 29 de marzo

El resto de comunidades está en distintas etapas de desarrollo de sus estrategias y planes para la economía circular e incluso algunas de ellas ya han probado documentos estratégicos como son Andalucía (Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular), Aragón (Aragón Circular) y Canarias (Estrategia Canaria de Economía Circular).

La economía circular es una de las prioridades de la Unión Europea y está trabajando para crear un marco legislativo y político sólido para apoyar la transición para conseguir el objetivo de lograr una economía circular. Las leyes más importantes que ha desarrollado la Unión Europea son: El Paquete Legislativo de Economía Circular de 2018, el Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 y la Estrategia Europea para el Plástico en una Economía Circular. 

Con esta Ley de Economía Circular de la Comunidad de Madrid se busca dotar a la Comunidad de Madrid de un modelo incentivador y facilitador que promueva la seguridad y confianza a empresas e inversores para instaurar los principios de la economía circular en el sistema productivo regional para potenciar un modelo económico más eficiente, competitivo, de calidad y generador de empleo sostenible.

Esta nueva Ley puede afectar a las empresas de diversas maneras, tanto en términos de desafíos como de oportunidades. Las 4 disposiciones que más van a afectar a las empresas:

1- Requisitos de sostenibilidad: Las empresas podrían enfrentarse a nuevos requisitos y regulaciones de sostenibilidad ambiental, como la implementación de medidas de economía circular, la reducción de residuos, el fomento del reciclaje y la reutilización de recursos. Esto podría implicar la necesidad de adaptar sus procesos productivos y cadenas de suministro para cumplir con las normativas establecidas.

2- Oportunidades de negocio: La transición hacia un modelo de economía circular puede abrir nuevas oportunidades de negocio para las empresas, especialmente aquellas que desarrollen productos y servicios sostenibles, reciclables o reutilizables. La innovación en productos y procesos orientados a la economía circular podría generar ventajas competitivas y acceso a nuevos mercados.

3- Colaboración y simbiosis industrial: La ley promueve la colaboración entre empresas para mejorar el uso de recursos y reducir impactos ambientales de manera conjunta a través de la simbiosis industrial. Esto podría fomentar alianzas estratégicas entre compañías para optimizar procesos, compartir recursos y desarrollar soluciones innovadoras en el marco de la economía circular.

4- Inversiones estratégicas: La Ley reconoce las inversiones empresariales de interés estratégico para la economía circular, lo que podría incentivar a las empresas a realizar inversiones en proyectos y tecnologías que promuevan la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en el uso de recursos.

En caso de no cumplir con la normativa, se podrán aplicar diferentes sanciones, según la gravedad de las infracciones cometidas. Las multas pueden oscilar desde los 5.000 euros hasta los 3.500.000 euros, en caso de cometer una infracción muy grave.

Por: Marcos Benavente

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