El 28 de julio de 2022 fue una fecha histórica porque la ONU declaró el medio ambiente saludable, un derecho humano. A pesar de que la resolución no sea jurídicamente vinculante para los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, sí fue un gran paso adelante.
Garantizar que todas las personas del planeta cuenten con acceso a un «medio ambiente limpio, saludable y sostenible” puede parecer una perogrullada. Sin embargo, con un mar Mediterráneo a 30 grados este verano, es más necesario que nunca luchar por reducir las emisiones de CO2 y evitar la contaminación que ya alcanza todo el planeta.
Por otro lado, hay muchos lugares en el mundo en los que procurar la conservación del medioambiente es una verdadera lucha. Y no lo es por otro motivo más que porque subvierte los supuestos valores de una economía basada en la depredación de los recursos.
De hecho, solo en el año 2021 fueron asesinados en todo el mundo 227 defensores del medio ambiente. Sobre todo en los países de América Latina, el Caribe y Norteamérica, son las comunidades indígenas las principales abanderadas de la lucha medioambiental y, por ello, las que son el objetivo de esta violencia.
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Como puedes comprobar en el informe de Fastcheck, tres de cada cuatro de estos crímenes contra activistas medioambientales se producen en Iberoamérica. El país más peligroso del mundo si eres un defensor de la Naturaleza es Colombia, donde se produjeron 65 de esos 227 asesinatos, lo siguen México (30), Filipinas (29) y Brasil (20).
Aunque la resolución de la ONU sobre que el medio ambiente sano es un derecho universal no es vinculante jurídicamente para los países miembros, se espera que muchos estados comiencen a legislar en la misma línea, como ya hiciera el estado de Nueva York en 202.
Además, también en abril de este mismo año el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró el acceso a un «medio ambiente limpio, saludable y sostenible» como un derecho humano universal.
Multas a los países que no respeten el medioambiente
En todos los países ya existen legislaciones orientadas a limitar la contaminación, proteger los bosques y la fauna o, incluso, mitigar el cambio climático. Sin embargo, a menudo los controles para vigilar el cumplimiento de estas leyes es nulo.
Por suerte, las organizaciones para la protección del medioambiente sí están atentas y activas en este sentido, como sucedió en Países Bajos en 2019 cuando un grupo de activistas logró la victoria en una demanda al Tribunal Supremo para obligar a ese país a reducir sus emisiones de CO2.
Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), declaró que esta resolución debe transmitir el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, el aire limpio ni el agua limpia o privarnos de un clima estable sin que luchemos por ello.
Ahí, seguramente, está la cuestión principal, porque después de las declaraciones de la ONU, que están muy bien, hay que ponerle el cascabel al gato y fijar un sistema de vigilancia y de sanciones. Que los ciudadanos deban de luchar por el medioambiente está muy bien, pero obligarles a hacerlo contra estados y grandes empresas parece un objetivo quijotesco si no hay apoyos de otros organismos.
Según Antonio Guterres, Secretario General de la ONU: “La resolución ayudará a reducir las injusticias ambientales, cerrar las brechas de protección y empoderar a las personas, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los defensores de los derechos humanos ambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas”.
Por lo menos, esperemos que lo haga en los 161 países que votaron a favor de la resolución. Las 9 abstenciones fueron de Bielorrusia, Camboya, China, Etiopía, Irán, Kirguistán, Rusia y Siria. No deja de ser curiosa la abstención de Irán, dado que precisamente el país eurasiático ha batido el récord mundial de temperatura en 2022 con los termómetros situándose en los 53 grados. Será que el calentamiento global no les preocupa.
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